Juicio Político

El Dr. Jorge Gentile, conocido, prestigiado y académico constitucionalista de Córdoba, escribe esta nota para La Voz del Interior, con una postura en la que coincido.

Para mí no vale la posición que aduce que esta estrategia sería victimizar a este gobierno y darla la posibilidad de que vuelva como héroe; lo que corresponde desde el Derecho y la República es el Juicio Político, dándole espacio así a las instituciones de la Constitución y abreviando, el daño que a esta altura ya es inmedible, que esta encarnadura mafiosa del poder político le está infringiendo a la sociedad y al futuro de la Nación.

El encubrimiento de Cristina y de Timerman La oposición tiene la responsabilidad de plantear el juicio político, y el oficialismo, de no impedirlo. Omitirlo sería reincidir en una negativa similar a la que se produjo con el caso del ­vicepresidente Amado Boudou.        Por Jorge Horacio Gentile*- La Voz -11/02/2015  La denuncia de Alberto Nisman a la presidenta Cristina Fernández y a su canciller Héctor Timerman, con un amplio ofrecimiento de pruebas –que Aníbal Fernández descalifica como “endebles”–, debió ser acompañada con la presentación de un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados de la Nación. Es posible fundar dicho pedido en los supuestos “delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario publico (artículos 277, incisos 1 y 3; 241, inciso 2, y 248 del Código Penal), que se describen y fundan en las 289 hojas del escrito de denuncia del fiscal, y/o por el “mal desempeño” en que habrían incurrido dichos funcionarios. Recordemos que se los denuncia por negociar de forma clandestina con Irán, a partir de septiembre de 2012 en Alepo –Siria–, y luego firmar en 2013 un memorando con el gobierno de aquel país, protector de los supuestos terroristas que atentaron contra la Amia el 18 de julio de 1994. La Justicia argentina no puede indagar y juzgar a esos sospechosos, por la negativa del gobierno iraní a extraditarlos. Además, en 2006 el fiscal general de Irán, Ghorbanali Dori-Najafabadi, instó al fiscal de Teherán, Said Mortazavi, a emitir una orden de arresto internacional contra el fiscal Nisman, lo que muestra la hostilidad del país con el que se acordó. El gran giro político El juicio político, más allá de las mayorías con que el oficialismo cuenta para rechazarlo en el Congreso, tiene su razón de ser en el absurdo giro político que hicieron los acusados, al pactar con el gobierno responsable del atentado. Ello es tan absurdo como “si Obama lo hubiera llamado a Bin Laden para resolver el problema de las Torres Gemelas”, como bien lo señaló Patricia Bullrich. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, la acusación contra Irán no se puso en duda, pero ello cambió –según explica Nisman–cuando Cristina llega al poder y negocia y firma el memorando. Según el fiscal, en 2006, después del pedido de captura internacional que el juez Rodolfo Canicoba Corral dictó sobre ocho iraníes y un libanés acusados de haber organizado el atentado, “el entonces subsecretario nacional de Tierras para el Hábitat Social, señor Luis D’Elía” criticó la medida y organizó una marcha de rechazo. Nisman afirma que, “según ­trascendió, la protesta en repudio a la decisión de la Justicia argentina, llevada a cabo en la embajada de Irán y liderada por D’Elía –con ­participación del referente de Irán en Argentina, Jorge Alejandro ‘Yussuf’ Khalil– había sido incitada por el entonces embajador de ­Venezuela en Buenos Aires, Roger Capella”. Y sigue: “Este diplomático ve­nezolano estaba estrechamente vinculado con Teherán y, ya desde aquellos años, favorecía la relación con Irán, los imputados iraníes por el caso Amia y ciertos referentes locales, como Luis D’Elía y Fernando Esteche”. Por eso, el fiscal acusa también a D’Elía y Esteche de encubrir la investigación del atentado, al igual que el diputado Andrés “Cuervo” Larroque, Timerman y la Pre­sidenta. La protesta incitada por Capella y organizada por D’Elía “motivó que el expresidente Kirchner removiera inmediatamente a Luis D’Elía de su cargo en el Ejecutivo Nacional, al tiempo que se comunicó con su par de Venezuela, Hugo Chávez, quien a los pocos días hizo cesar la misión diplomática del embajador Capella en Argentina”. Nisman dice, además, que “durante su estadía en Argentina, el embajador Roger Capella trabó una aceitada relación con distintas agrupaciones sociales argentinas, financiando a referentes como Luis D’Elía y Fernando Esteche con viajes, becas y otros recursos”. La voltereta política de Venezuela de aliarse con Irán –país que amenazaba con construir armas atómicas–, seguida por Cristina, aspiraba a volver a la “guerra fría” y crearle a EE.UU., y a su aliado Israel, una oposición internacional similar a la de la URSS antes de  la caída del Muro de Berlín. Este giro se frustró por el cambio de gobierno en Irán y con la muerte de Hugo Chávez. El memorando no fue aprobado por el parlamento de Irán, cuyo nuevo presidente comenzó a ne­gociar con EE.UU. el tema nuclear. Y con ello se desvaneció la pere­grina idea de resucitar la “guerra fría”, pero produjo el “impedimento o estorbo”, denunciado en la causa de la Amia, y le costó la vida al valiente fiscal. Responsabilidades Dicha muerte –más allá de los ­resultados de la investigación  que practica la Justicia– dejará en la memoria colectiva el grave de­satino que significó incumplir el deber presidencial de no “ejercer funciones judiciales”, impuesto por la Constitución (artículo 109). Y también de pactar con el gobierno que se niega a extraditar a los terroristas, con el cual hasta se podrían haber roto las relaciones diplomática por impedir traer a juicio a los imputados que tienen orden de captura (alertas rojas)  en Interpol. La oposición tiene la responsabilidad de plantear el juicio político, y el oficialismo, de no impedirlo. Omitirlo sería reincidir en una negativa similar a la que se produjo con el caso del vicepresidente Amado Boudou o el del juez Norberto Oyarbide, o al designar y prestarle acuerdo al general César Milani. Todo ello tiene un costo político que se paga en las elecciones y que será cobrado por la memoria histórica. *Profesor emérito de la UNC,  catedrático de Derecho Constitucional de la UCC, ex diputado de la Nación