por GILBERTO ALEGRE
La República está en crisis. La muerte violenta del Fiscal Alberto Nisman es la
expresión más acabada de esta manifestación.
Esta crisis se inició hace mucho tiempo cuando el Congreso
dejó de ser un poder independiente que debía funcionar como contrapeso para
controlar los posibles desbordes del Ejecutivo y así garantizar el
funcionamiento de un Poder Judicial independiente.
El avance del Poder Ejecutivo sobre los poderes Legislativo
y Judicial trajo como consecuencia numerosos excesos: la sanción de
leyes sin consensos, la designación de jueces y fiscales teniendo en cuenta su
adhesión al oficialismo, la destitución o amenaza a miembros del Poder Judicial
que se atrevieran a investigar al gobierno o a alguno de sus integrantes.
Debemos reconocer, sin embargo, que este avance fue
dificultado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designada también
por este gobierno en épocas en que siguiendo objetivos nobles, se pensaba que
una República consolidada, necesitaba de la independencia del Poder Judicial.
Este enfrentamiento que se da hoy entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo,
no es otra cosa que el saludable funcionamiento de una República.
Nos encontramos frente a una democracia que mutó en
demagogia cuando comenzó a defender solo los intereses del grupo gobernante a
través de actos de corrupción económica y política generalizados. En este marco
se hace vital la búsqueda de justicia y el freno a la impunidad que tanto daño
nos hace como país. Asistimos a una crisis institucional y a un descreimiento
de las herramientas institucionales sin precedentes, que requiere de todos y
cada uno de nosotros a fin de recuperar su buen funcionamiento.
Cuesta y duele creer que esta decadencia permitiera la
muerte violenta de un fiscal, quien en cumplimiento de sus funciones, creyó
descubrir una trama de encubrimiento por el atentado de la AMIA en la que,
según su visión, se encontrarían involucrados la señora presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner; su canciller Héctor Timerman; y otros actores políticos
vinculados al oficialismo.
La gravedad del ahora requiere que el oficialismo
parlamentario convoque a Sesiones Extraordinarias, para poner en funcionamiento
los organismos de control necesarios que impongan un límite ante tanto
desborde.
Podrían decirse muchas cosas más, pero una sola basta: el
Congreso está paralizado por decisión de la mayoría gobernante.
Es mi deber como diputado de la Nación exigir
públicamente el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Organismos de Inteligencia, que, conducida por el oficialismo, no cumple con
las tareas para la cual fue creada. Por lo tanto, si la muerte del fiscal
fue obra de una interna de los servicios de inteligencia ¿por qué esa interna
no fue detectada y controlada a tiempo?
Por acción u omisión, el oficialismo es responsable de la
muerte del fiscal Alberto Nisman.
Asimismo, el Congreso tiene también la obligación de
conformar una “Comisión de Seguimiento de las Actuaciones Judiciales” por la
muerte del fiscal Nisman y la causa AMIA. Una República fuerte
requiere de instituciones sanas y transparentes, y el pleno equilibrio entre
los poderes.
Este grave presente requiere la unión de todas las fuerzas
de la oposición y la convocatoria a aquellos legisladores del oficialismo que
entiendan que solo la verdad fortalecerá la República, pero también requiere la
exigencia de verdad y transparencia por parte de toda la sociedad. No podemos
acostumbrarnos a estos hechos.
El honor, la valentía y el coraje del fiscal Alberto Nisman
exigen de todo nuestro compromiso para llegar a la verdad.
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